GATO POR LIEBRE

Hace unos días ordené en un restaurante de comida mexicana un plato de “chili con carne”, cuando me fue servido, para mi sorpresa el mismo no tenía su ingrediente principal, el fréjol.  Ante ello, decidí hacer algo extraño para el medio,  reclamé. La respuesta del lugar no sólo fue absurda, pues se me dijo que el plato es así, sin fréjol.  Sin embargo, el hecho no concluyó ahí, pues unos minutos después el responsable del lugar se acercó a la mesa y fue él quien me increpó por realizar el reclamo. Según él,  los clientes no debemos reclamar por nada y consideraba que los comensales carecían de todo derecho y que el reclamo en sí era un daño para el establecimiento.

La  conducta del responsable del lugar es más común de lo que imaginamos y somos nosotros, los ciudadanos,  los responsables de ello. En el Ecuador, en general no reclamamos frente a los abusos, como cuando en un restaurante no se nos da el producto o servicio con las condiciones mínimas de satisfacción. Tampoco reclamamos cuando el producto adquirido no goza de las calidades esperadas y que dada su naturaleza debería tener.  Más grave aún resulta cuando ni siquiera se nos da ni el producto ni el servicio esperado. En otras palabras, aceptamos con facilidad que nos den “gato por liebre” o peor aún que no se nos den nada.

Resulta aún más grave que esta actitud frente a pequeños abusos también se da en mucha ocasiones frente a graves abusos. En nuestro medio, por condicionamientos sociales, es ciertamente común la “timidez” cuando se trata ejercer eficazmente nuestros derechos. Muchos de nosotros como ciudadanos tenemos temor de exigir, por las vías que corresponden,  su respeto. No son pocas las circunstancias en las que he visto que ciudadanos honestos dejen de defenderse por la existencia de un temor reverencial frente al abusador aún cuando ello signifique grandes sacrificios o inclusive la pérdida de su patrimonio.

Con mucha frecuencia, en el ejercicio profesional,  oímos a nuestros clientes señalar, ciertamente con razón, que la Ley y la Constitución le reconocen derechos y que por lo tanto deben poder ejercerlos.  No entienden la razón por la cual frente al abusivo no pueden hacerlo.  Resulta para muchas personas incomprensible este divorcio entre la norma y la realidad. Evidentemente los derechos se tornan relevantes cuando se presenta el incumplimiento. Nadie reclama por aquello que sí se encuentra gozando.

En estas condiciones, es común creer que el abogado de una manera casi  mágica sea capaz de reinstaurar el orden que ha sido roto. Nos resulta complicado, como personas, entender que el abogado es incapaz de realizar tal proeza y que simplemente el profesional puede sugerir  las vías que se pueden adoptar para buscar la protección del derecho que se ha visto vulnerado.  La decisión de hacer respetar el derecho violado se encuentra en la persona que se ha visto perjudicada.

La verdadera dimensión de los derechos que se reconocen a los individuos, que incluye también en ciertos aspectos  a compañías y otros entes semejantes,  no está dada por la protección que en abstracto se reconoce en la Ley o la Constitución, sino por el contrario en la voluntad de ejercer las acciones necesarias para su cumplimiento. En otras palabras, la protección de los derechos previstos en  la Ley y la Constitución requieren la existencia del reclamo y la decisión sobre el mismo.  

En virtud de lo señalado,  resulta fundamental la acción de cada persona dirigida a buscar el respeto de sus derechos y con ello enfrentar los abusos y arbitrariedades con independencia de su origen. Hoy los mismos son cada vez más comunes  que tengan origen en el sector privado.  Si los ciudadanos se callan frente a los mismos, en la práctica renuncian a lo que consideran sus derechos y se conduce a un futuro en el que tendremos una sociedad en la que impere la arbitrariedad como regla.